Fez: cuando las “ciudades sin chabolas” se convierten en cementerios urbanos

 Solidarité Maroc, 14-12-2025

Negligencias mortales, responsabilidades diluidas y el derecho a la vida vulnerado

La noche del drama quedará grabada en la memoria colectiva. En Fez, capital espiritual del Reino, dos edificios se derrumbaron en la oscuridad y el frío, segando vidas enteras y dejando tras de sí familias destrozadas, supervivientes sin techo y una ciudad conmocionada.

Esta vez, Fez no ocupó los titulares de la prensa internacional por su festival de músicas sagradas ni por su patrimonio milenario, sino por una catástrofe humana de una violencia insoportable.

Según los primeros balances, más de una veintena de personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. La fiscalía abrió rápidamente una investigación judicial. Pero más allá de la reacción inmediata, se impone una pregunta central: ¿quién es realmente responsable de estas muertes anunciadas?

Un drama lejos de ser un accidente

Los edificios derrumbados no estaban situados en la Medina histórica, donde las viviendas en riesgo de ruina son objeto —al menos sobre el papel— de programas de rehabilitación. Se trataba de un antiguo barrio de chabolas reestructurado en el marco del programa nacional “Ciudades sin chabolas”, lanzado en 2004 con el objetivo de erradicar el hábitat insalubre en Marruecos.

Sin embargo, las primeras informaciones hablan de construcciones frágiles, de añadidos de plantas no autorizadas y de graves fallos estructurales. Todo ello apunta a una acumulación de responsabilidades, desde el diseño inicial hasta la ausencia de control, pasando por prácticas especulativas peligrosas.

Hablar de “accidente” sería un abuso del lenguaje. Se trata, con toda probabilidad, de un homicidio involuntario colectivo, producto de un sistema donde la irresponsabilidad, la complacencia y, en ocasiones, la corrupción, se combinan con el desprecio por la vida humana.

“Ciudades sin chabolas”: ¿un programa sin auditorías ni rendición de cuentas?

Sobre el papel, el programa “Ciudades sin chabolas” exhibe cifras impresionantes: más de 360.000 familias realojadas y decenas de ciudades declaradas “libres de chabolas”. Pero estas estadísticas ocultan una realidad mucho más preocupante.

En Fez como en otras ciudades, ¿dónde están las evaluaciones independientes?

¿Dónde están las auditorías de calidad sobre la solidez de las construcciones, el cumplimiento de las normas, la salubridad y la seguridad de las viviendas entregadas?

¿Cómo explicar que edificios construidos hace menos de veinte años se derrumben como castillos de naipes?

El recurso masivo a los contratos de autoconstrucción, supuestamente destinados a reducir costes, ha trasladado con frecuencia la responsabilidad técnica a poblaciones vulnerables, sin acompañamiento serio ni controles rigurosos. Un modelo que, en la práctica, expone a los habitantes a riesgos mortales.

Cuando la vivienda se convierte en instrumento de chantaje político

En muchos casos, las poblaciones procedentes de los barrios de chabolas constituyen un reservorio electoral estratégico. La promesa de una vivienda, o la amenaza de perderla, se transforma entonces en un instrumento de presión y de negociación política.

Con la proximidad de los plazos electorales, este drama corre el riesgo de provocar fuertes turbulencias. Pero la cuestión esencial sigue siendo la misma: ¿cuántas vidas más habrá que sacrificar antes de que se establezcan claramente las responsabilidades?

Limitar la investigación a los habitantes que añadieron una planta ilegal sería una injusticia flagrante. La cadena de responsabilidades es mucho más amplia: autoridades locales y waliya, municipalidad, ministerios de tutela, servicios de urbanismo y control, así como operadores públicos y privados implicados en el realojo.

Todos aquellos que cerraron los ojos, validaron proyectos defectuosos o renunciaron a controlar cargan con una parte de la responsabilidad.

Corrupción, materiales defectuosos y normas pisoteadas: un cóctel mortal

Fraude en los materiales de construcción, incumplimiento de las normas antisísmicas, ausencia de seguimiento técnico, opacidad en la gestión de los proyectos: prácticas denunciadas desde hace años que conforman un cóctel explosivo.

El drama de Fez no es un caso aislado. Revela una crisis más profunda del derecho a una vivienda digna, inseparable del derecho a la vida.

En otros países, el derrumbe de edificios provoca inmediatamente dimisiones, imputaciones y procesos judiciales contra los responsables administrativos y políticos. Aquí, el riesgo es que las responsabilidades se diluyan, las investigaciones se entierren y las víctimas se reduzcan a simples cifras.

Una exigencia de verdad y de justicia

Lo ocurrido en Fez exige una revisión radical de las políticas de realojo, del modelo de autoconstrucción, de la ausencia de controles independientes y de la impunidad de la que gozan con demasiada frecuencia los responsables.

No se trata únicamente de reparar los daños materiales o indemnizar a las familias en duelo. Se trata de rendir cuentas, de restaurar la confianza y de recordar una evidencia demasiado a menudo olvidada: la vivienda no es una concesión, es un derecho. Y la vida humana no es negociable.