Solidarité Maroc, 13-12-2025
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se disponen a lanzar una ofensiva económica de gran envergadura en el Sáhara Occidental, territorio clasificado por las Naciones Unidas como territorio no autónomo y ocupado en gran parte por Marruecos desde 1975. Al apoyarse en los USA, a través de mecanismos financieros públicos y empresas privadas, Abu Dabi contribuye a institucionalizar una explotación económica ilegal, en violación directa del derecho internacional.
Una
economía construida contra el derecho internacional
El Sáhara
Occidental es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
un territorio cuyo proceso de descolonización nunca se ha completado. En
ausencia de un referéndum de autodeterminación, Marruecos no dispone de ninguna
soberanía reconocida sobre el territorio.
La Corte
Internacional de Justicia (CIJ) estableció ya en 1975 la inexistencia de
vínculos de soberanía entre el territorio y Marruecos. Desde entonces, la
jurisprudencia de la ONU y de la Unión Europea es constante: toda explotación
de recursos naturales en un territorio no autónomo es ilegal sin el
consentimiento libre y explícito del pueblo concernido, en este caso el pueblo
saharaui.
Sin
embargo, los proyectos actualmente negociados:
- se llevan a cabo sin consultar
al pueblo saharaui,
- excluyen totalmente al Frente
Polisario, reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo
saharaui,
- se basan exclusivamente en
instituciones marroquíes impuestas en el territorio ocupado.
Emiratos
Árabes Unidos: inversores y actores políticos
Los
principales actores emiratíes previstos son dos grandes fondos soberanos: ADQ
(Abu Dhabi Developmental Holding Company), holding público que controla activos
estratégicos de los Emiratos, y ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), uno de
los mayores fondos soberanos del mundo, presidido por Tahnoun bin Zayed Al
Nahyan, hermano del presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MbZ).
Ambos
están ya fuertemente implantados en Marruecos y buscan ampliar sus inversiones,
en particular en energías renovables, presentadas como “sostenibles” y
políticamente aceptables.
Las
energías renovables como pantalla jurídica
Las
discusiones se centran principalmente en la creación de parques eólicos en el
Sáhara Occidental, bajo el liderazgo de grandes empresas emiratíes del sector:
Masdar, Amea Power y Taqa (Abu Dhabi National Energy Company), gigante público
de la energía recientemente asociado al grupo marroquí Nareva, controlado por
el holding real Al Mada.
La
elección de las energías renovables no es neutra. Permite ocultar una
explotación ilegal tras un discurso ambiental, cuando el derecho internacional
no distingue entre recursos fósiles y renovables: toda explotación sin
consentimiento es ilícita.
Instituciones
locales: una fachada de legitimidad
Las
negociaciones se llevan a cabo con el Centro Regional de Inversión (CRI) de
Dakhla-Oued Edahab, una estructura administrativa marroquí encargada de
promover la inversión en la región. Su director, Ahmed Kathir, actúa como
relevo local de una política decidida en Rabat.
Estas
instituciones no gozan de ninguna legitimidad internacional. Sirven para
fabricar una apariencia de gobernanza local destinada a eludir la exigencia
fundamental de consultar al pueblo saharaui.
El
papel central de los USA
Los USA
desempeñan un papel decisivo en esta dinámica. La DFC ha anunciado una
financiación de hasta 5.000 millones de dólares para apoyar la implantación de
empresas usamericanas en Dakhla.
Paralelamente,
Washington prepara la apertura de un consulado en Dakhla, tras el envío de una
delegación diplomática. Esta decisión prolonga el reconocimiento unilateral, en
2020, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por la administración
Trump: un reconocimiento sin valor jurídico internacional, pero de gran impacto
político.
Una
estrategia del hecho consumado
A través
de esta convergencia entre Rabat, Abu Dabi y Washington, se está configurando
una economía del hecho consumado cuyo objetivo es claro: hacer irreversible la
ocupación del Sáhara Occidental mediante la inversión, las infraestructuras y
la integración económica.
Esta
estrategia busca vaciar de contenido el proceso de la ONU, marginar el derecho
internacional y transformar una ocupación militar en una realidad económica
normalizada.
Una
responsabilidad jurídica y política compartida
Al
implicarse en estos proyectos, los Emiratos Árabes Unidos y los USA se exponen
a una responsabilidad jurídica indirecta al participar en la explotación de un
territorio ocupado. Las empresas implicadas también podrían enfrentarse a
futuros litigios, como ya ha ocurrido con varios grupos europeos ante los
tribunales de la Unión Europea.
Lejos de
ser un simple dossier económico, el Sáhara Occidental sigue siendo uno de los
últimos casos de descolonización inacabada, donde la inversión internacional
sirve ahora para eludir, en lugar de hacer respetar, el derecho de los pueblos
a la autodeterminación.
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