Reforma sanitaria en Marruecos: la política del anuncio frente a la crisis del cuidado

 

SOLIDMAR, 8-1-2026

La comunicación gubernamental en torno a la “aceleración” de la reforma del sistema sanitario marroquí se apoya ante todo en una acumulación de anuncios, cifras y calendarios, que apenas logran ocultar la profundidad de la crisis del servicio público de salud. La reunión presidida por Aziz Akhannouch, bajo la ya ineludible etiqueta de la “supervisión real”, ilustra una gobernanza cerrada, en la que la escenificación de la acción sustituye con demasiada frecuencia al debate democrático y a la evaluación independiente.

La creación de los Grupos Territoriales de Salud (GTS), presentada como un avance estructurante, se inscribe en una lógica tecnocrática ya conocida: la proliferación de entidades administrativas sin garantías reales de transferencia de poder, de recursos financieros ni de capacidad de decisión. En ausencia de una autonomía efectiva y de recursos humanos suficientes, la “territorialización” de las políticas de salud corre el riesgo de quedar reducida a un eslogan, incapaz de corregir las flagrantes desigualdades entre regiones.

La digitalización de los sistemas hospitalarios, exhibida como una herramienta de buena gobernanza, responde más a un fetichismo tecnológico que a una reforma estructural. En un sistema marcado por la escasez de personal, el éxodo de médicos hacia el sector privado o al extranjero y la sobrecarga crónica de los hospitales públicos, la informatización no puede sustituir a una verdadera política de salud. Por el contrario, corre el riesgo de reforzar los disfuncionamientos existentes, añadiendo una capa de control administrativo sin mejorar de manera concreta la atención a los pacientes.

La prioridad concedida a las infraestructuras —nuevos hospitales universitarios, miles de camas adicionales, renovación acelerada de centros de salud— confirma la primacía del cemento sobre el cuidado. Esta lógica cuantitativa, políticamente rentable y mediáticamente visible, elude las preguntas centrales: ¿quién hará funcionar estos establecimientos, en qué condiciones y para qué públicos? Sin médicos, sin enfermeros, sin una política de formación y de retención de competencias, el hospital nuevo se convierte en un símbolo vacío.

El esfuerzo presupuestario anunciado, aunque real, no puede desligarse de la cuestión de las prioridades. La invocación de la reducción de las desigualdades territoriales choca con la ausencia de mecanismos coercitivos para reequilibrar la oferta de cuidados. Mientras la salud siga siendo concebida como un sector que debe modernizarse mediante la gestión y la inversión, y no como un derecho social que debe garantizarse, la brecha sanitaria continuará ampliándose.

En definitiva, la reforma sanitaria tal como se presenta hoy aparece menos como una transformación del sistema de cuidados que como una operación de legitimación política. Frente a una sociedad marcada por la desconfianza y la precarización, la credibilidad de esta reforma no se medirá ni por el número de proyectos anunciados ni por los miles de millones presupuestados, sino por su capacidad —todavía en gran medida hipotética— de situar al paciente, y no a la institución, en el centro de la política pública de salud.