No es George Clooney quien quiere: Francia blinda aún más el acceso a la residencia y a la nacionalidad

Solidarité Maroc, 5-1-2025

Refuerzo de las exigencias lingüísticas, examen cívico obligatorio, niveles de idioma elevados: desde el 1 de enero, Francia amplía su arsenal burocrático para clasificar a los extranjeros “merecedores”. Presentadas como herramientas de integración, estas medidas consagran sobre todo una política de sospecha permanente y una inmigración a varias velocidades.

Las condiciones de acceso a los permisos de residencia de larga duración y a la nacionalidad francesa se han endurecido una vez más. En aplicación de los decretos de la ley de inmigración adoptada en 2024, nuevas exigencias entraron en vigor el 1 de enero, según confirmó el Ministerio del Interior.

A partir de ahora, las personas extranjeras que soliciten un permiso de residencia plurianual, una tarjeta de residente de diez años o la naturalización deberán no solo demostrar su “integración”, sino aportar pruebas cuantificadas y certificadas. El dominio del idioma francés se convierte en un filtro central, con niveles exigidos claramente más elevados: A2 para el permiso plurianual, B1 para la tarjeta de residente y B2 para el acceso a la nacionalidad.

Estas competencias deberán acreditarse mediante una certificación oficial reconocida, expedida por un organismo autorizado, una exigencia adicional que transforma la integración en un procedimiento costoso, largo y profundamente desigual, en detrimento de los sectores más precarios.

A este endurecimiento lingüístico se suma ahora un examen cívico obligatorio, centrado en los principios y valores de la República, el funcionamiento de las instituciones francesas y los derechos y deberes vinculados a la vida en Francia. Superar este examen condiciona incluso la tramitación de las solicitudes, convirtiendo la ciudadanía en una carrera de obstáculos administrativos más que en un proceso de inclusión.

Oficialmente, el Ministerio del Interior afirma querer “reforzar la integración” de los extranjeros en situación regular. En la práctica, estas nuevas normas prolongan una lógica de control, selección y disuasión, en la que el extranjero debe demostrar permanentemente su legitimidad para quedarse, trabajar o convertirse en ciudadano.

Si bien se prevén exenciones para determinadas categorías —en particular los beneficiarios de protección internacional—, estas no cuestionan la arquitectura general del dispositivo: una política migratoria cada vez más restrictiva, donde el acceso a los derechos depende menos del arraigo real en la sociedad que de la capacidad para superar barreras administrativas cada vez más altas.